Veintitrés años y siete meses después de que el enmohecido expediente por el magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza , transitara los cenagosos caminos de la impunidad, la Fiscalía declaró el crimen como un delito de lesa humanidad; con base en denuncias periodísticas de este diario y otros medios sobre múltiples cabos sueltos en el proceso, insuficientemente investigados, la justicia busca identificar, de una buena vez a los autores intelectuales que silenciaron las solitarias denuncias que le lanzó, desde su Libreta de Apuntes, a la mafia.
Caso Guillermo Cano, crimen de lesa humanidad
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Hacia 1996 medio centenar de personas fueron vinculadas al proceso, incluido Pablo Escobar. Pero el cartel de Medellín asesinó, uno a uno, a testigos, magistrados, jueces relacionados con el caso y al abogado de la familia, Héctor Giraldo Gálvez, y después de interminables trasteos del expediente, los homicidios a la sombra seguían pasando de agache. Apenas en 1997 el empresario Luis Carlos MolinaYepes fue capturado y es el único condenado hasta hoy, pero como cambista de la mafia, su telaraña comercial jamás fue rastreada y muchos nombres con los que cruzó negocios cobran relevancia.
Desde 1983, Guillermo Cano y El Espectador pusieron en evidencia que el cartel de Medellín se había colado al Congreso. En agosto de ese año comparó al representante a la Cámara Pablo Escobar, con el mafioso Al Capone. Cuatro días después apareció la prueba reina de los nexos de Escobar con la delincuencia: el diario publicó una nota reseñada en junio de 1976 en la que se veía a Escobar detenido por narcotráfico en Itagüí. Las denuncias arreciaron y fueron acompañadas por el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el comandante de la Policía Antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez.
El capo prometió venganzas, se internó en la clandestinidad y sicarios a sueldo empezaron a cobrar víctimas. El 10 de marso de 1984 se desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia en Caquetá, un golpe al corazón del narcotráfico. El juez Gustavo Zuluaga reabrió un proceso contra Escobar por el asesinato de dos agentes del DAS y le pidió al Congreso levantar la inmunidad parlamentaria del capo. El 30 de abril de 1984 fue asesinado el ministro Lara. Guillermo Cano siguió denunciando y apoyó, en sus pesquisas, al juez Tulio Manuel Castro, encargado de indagar el crimen de Lara.
El 23 de julio de 1985, inerme y desprotegido, el juez Castro fue baleado. El director de El Espectador protestó y el 30 de octubre de 1986 tres sicarios asesinaron al magistrado Gustavo Zuluaga, quien procesó al capo. Diecisiete días después la víctima fue el coronel Jaime Ramírez, acribillado en las goteras de Bogotá, y el 17 de diciembre, cuando salía de las instalaciones del periódico, Cano Isaza fue asesinado. Desde entonces muchas evidencias fueron obviadas, solamente Luis Carlos Molina Yepes, quien pagó el magnicidio -$3, 5 millones le dieron a los sicarios- purgó escasos seis años de prisión.
Varios informes de El Espectador develaron que Molina Yepes, quien llegó a ser el principal accionista del Banco Ganadero, fue un enclave de la mafia para mover sus millonarios recursos ilícitos. Además, se estableció que en sus cuentas corrientes aparecieron relacionados hermanos, primos y otros familiares de Pablo Escobar, incluido Carlos Alberto Gaviria, hermano del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Fue Carlos Alberto quien además referenció ante la banca a Héctor Barrientos, administrador de la finca Nápoles de Escobar.
Nunca pues se rastrearon los capitales de Molina, sus cuentas ni nombres relacionados. En 1988 el juez Luis Malagón ofició al DAS para que llevaran a su despacho a Carlos Alberto Gaviria y a Héctor Barrientos con el fin de que explican sus nexos con Molina. Nadie se explica por qué esa diligencia nunca se llevó a cabo. Después de encontrar evidencias en contra de Gustavo Gaviria Rivero, primo del capo, en el hotel antaño de donde se supo se laboraba un periódico para promocionar el cartel.
Después, en la finca El Bizcocho, en Antioquia, las autoridades incautaron abundante información sobre los desmanes de la mafia de Escobar, pero tampoco se ahondó en esas pesquisas. Allí fue capturado el sicario John Jairo Velásquez, alias Popeye, y tampoco nadie entiende cómo recuperó su libertad y siguió poniendo bombas en las vueltas del capo. Tiempo después se descubrió que el dueño de la hacienda El Bizcocho resultó ser Gustavo Adolfo Upegui, un empresario deportivo, ex presidente de El Envigado, que fue asesinado en 2006 y formaba parte de la tenebrosa “Oficina de Envigado”, asociada con el paramilitarismo.
En esencia, poco avanzaron las investigaciones por el crimen de Guillermo Cano. Los asesinos fueron acribillados por el cartel, la valiente jueza Consuelo Sánchez, quien acusó al cartel de Medellín, tuvo que ser exilada, el abogado Héctor Giraldo fue ajusticiado, Lara Bonilla, el juez Tulio Manuel Castro, el coronel Ramírez Gómez y otros más, también cayeron por las balas criminales de la mafia. El 16 de agosto de 1989 el juez Carlos Valencia, quien también proceso a Escobar, fue ultimado. En 1992, corrió la misma suerte la jueza Myriam Rocío Pérez. Son muchos los crímenes que se hubieran evitado sui la justicia obra a tiempo y hubiera desentrañado las operaciones comerciales de Luis Carlos Molina Yepes. La Procuraduría pidió arquear sus cuentas, así como las del empresario Carlos Alberto Gaviria.
