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Un crimen sin prescripción

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Un crimen sin prescripción

Por Redacción Judicial El Espectador

Con la misma tesis jurídica que le permitió a la Fiscalía evitar la prescripción de la investigación del magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán, el ente acusador se apresta a revivir el expediente por el crimen del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza . La razón: se trata de un delito de lesa humanidad perpetrado como el capítulo más grave de una serie continuada y sistemática de acciones violentas ejecutadas por una misma organización -el cartel de Medellín- contra un mismo blanco: el periódico El Espectador.

El periodista Guillermo Cano Isaza fue asesinado el miércoles 17 de diciembre de 1986, pero a pesar de que desde esa misma fecha el país sabía que había sido un magnicidio perpetrado por el narcotráfico, la investigación que llegó a vincular a medio centenar de personas, terminó en la impunidad. El único procesado que purgó condena fue el prestamista Luis Carlos Molina Yepes, de cuyas cuentas salieron los dineros para pagar a los homicidas, posteriormente asesinados. Luis Carlos Molina Yepes sólo estuvo seis años en prisión.

Sin embargo, desde que el ex fiscal Mario Iguarán Arana designó a un fiscal delegado ante los jueces penales la revisión del caso, ha quedado en claro que el asesinato de Guillermo Cano no fue un hecho aislado contra el director de El Espectador, sino una campaña de exterminio contra el periódico y sus empleados, y contra los jueces y testigos que intentaron esclarecer el magnicidio. Esta violación sistemática y recurrente del Derecho Internacional Humanitario convierte el caso y otros episodios conexos en un crimen de lesa humanidad imprescriptible.

Al revisar la secuencia de crímenes y atropellos contra El Espectador, se advierte que el detonante de la persecución fue una publicación fechada en septiembre de 1983, en la que se daba cuenta de cómo desde junio de 1976 existían antecedentes de narcotráfico en la vida del entonces representante a la Cámara Pablo Escobar Gaviria. La reproducción facsimilar de una noticia de aquella época en que se reseñaba la captura de Escobar motivó al Congreso a levantar su inmunidad parlamentaria y a él a volverse clandestino.

Desde su columna “Libreta de Apuntes”, Guillermo Cano no cesó en sus denuncias editoriales, como tampoco dejaron de hacerlo los periodistas. Las represalias no se hicieron esperar. A las siete de la noche del 16 de julio de 1986 fue asesinado el consignatario y corresponsal del periódico en Leticia (Amazonas), Roberto Camacho Prada, quien adelantaba una vigorosa campaña contra el narcotráfico. Cinco meses después, el 17 de diciembre de 1986, cuando salía del periódico rumbo a su casa, sobrevino el asesinato de Guillermo Cano.

En pocas semanas fueron acribillados los asesinos materiales. El periodista y abogado Héctor Giraldo Gálvez, en calidad de apoderado de la familia Cano, se consagró al caso y logró aportar decisivas pruebas, pero fue asesinado el miércoles 29 de marzo de 1989. La jueza Consuelo Sánchez Durán marchó al exilio. El expediente pasó al despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, quien después de ratificar la responsabilidad de Escobar Gaviria en el crimen, fue asesinado el 16 de agosto de 1989.

Y como el propósito del cartel de Medellín era borrar a El Espectador a cualquier precio, por amenazas tuvieron que salir del país Juan Guillermo y Fernando Cano, hijos del director inmolado, a quien sucedieron en la dirección del periódico. Además, a las 6 y 43 de la mañana del sábado 2 de septiembre de 1989, un camión cargado con explosivos fue detonado contra las instalaciones del diario. Seis horas antes, un grupo de Los Extraditables destruyó e incendió un sitio de descanso de propiedad de la familia Cano ubicado en la isla Caramairí, a 35 kilómetros de Cartagena.

La situación en Medellín era crítica. La remesa del diario fue varias veces quemada, Escobar prohibía su circulación, el periódico se vio forzado a una sede clandestina, y el martes 10 de octubre de 1989 fueron asesinados la gerente administrativa Marta Luz López y el de circulación Miguel Soler. Los reemplazó Hernando Tavera, asesinado en abril de 1990. El testimonio de este tiempo quedó escrito en la obra Las llaves del periódico, de los periodistas Carlos Mario Correa y Marco Antonio Mejía, el primero de ellos, corresponsal secreto.

Si en Bogotá El Espectador aguantaba la embestida, en Medellín sentía el cerco criminal. Hasta la justicia se vio amedrentada por este caso. El 18 de septiembre de 1992 fue asesinada la jueza sin rostro Miyriam Rocío Vélez, por confirmar la orden de detención impartida por el asesinado magistrado Carlos Valencia contra Pablo Escobar por el crimen de Guillermo Cano. Para ese tiempo Escobar ya se había evadido de la cárcel de La Catedral y el narcoterrorismo era su rastro, hasta diciembre de 1993 en que fue dado de baja.

Esta cadena de violencia sigue en la impunidad, pero está claro que no sólo fue Pablo Escobar el responsable. La organización criminal tuvo abogados, políticos, empresarios o prestamistas que la auxiliaron. Hace dos décadas fue imposible encausarlos penalmente. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo denunció reiteradamente y es uno de sus casos emblema de lucha contra la impunidad. Con la tesis del delito de lesa humanidad, la justicia puede demostrar que la arremetida criminal contra El Espectador es un caso imprescriptible.

Artículo publicado originalmente en el diario El Espectador, el día 9 de noviembre de 2009.

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