La burla a la justicia, al cumplimiento de los mandatos de los jueces de la República, se hace más ofensiva cuando ocurre en las propias barbas de las autoridades. Al señor Lehder lo recibió un notario en su despacho, con cita previa, a hora prefijada, y el sindicado bajo auto de detención se paseó con sus guardaespaldas por las calles de Armenia sin que nadie, ni mucho menos los detectives de DAS o los agentes del F-2 o los policías comunes y corrientes, se dieran por enterado.

El señor Pablo Escobar Gaviria, según dicen las gentes, y cuando la gente lo dice es porque así ha sido, estuvo el viernes de la semana anterior a la que acaba de pasar por sus feudos podridos de Envigado, en componendas políticas, sin que su inexistente derecho de andar ahora libremente por el territorio colombiano se viera en ningún momento perturbado por la incómoda presencia de algún agente del orden.

¿De qué raro y exótico privilegio disfrutan estos traficantes de la droga y mercaderes de la muerte para que contra ellos la justicia no logre avanzar un paso en el esclarecimiento de los delitos que se les atribuyen y de los cuales parecen existir abundantes pruebas? En nuestras cárceles hay muchos delincuentes y hasta no pocos inocentes en quienes sí se han cumplido las órdenes judiciales de captura y detención. Y hasta un puñado de banqueros inescrupulosos, abusadores y estafadores, están en sus celdas de las cárceles colombianas.

Es de conocimiento público, sin embargo, que en este último caso, el de los banqueros, no están todos los que son en la prisión, porque hay varios de ellos con autos detención y órdenes de captura que lograron escapar a todas las redes de seguridad judicial del país para escaparse al extranjero. En el Ecuador, posiblemente, a donde viajan de vez en cuando sus compañeros de andanzas mejor librados, llevándoles quien sabe qué cantidades de ayudas morales y materiales para pasar bien estos voluntarios exilios que en la realidad son fugas planificadas hábilmente para eludir el peso de la burlada ley colombiana.

Porque extrañamente ha venido sucediendo en los últimos meses el fenómeno inexplicable e inexplicado de que los autos de detención y las órdenes de captura expedidas por autoridades competentes contra delincuentes sindicados, no se han cumplido. Ocurren esas omisiones en casos delictivos ocurridos en órbitas diferentes. Los de un caso tienen que ver con el negocio sucio y punible del tráfico de drogas y los delitos que de ese narcotráfico se desprenden. En el otro caso son los defraudadores de la buena fe de los ahorradores colombianos que se han alzado con miles de millones de pesos mediante maniobras fraudulentas y estafas que no por muy hábiles y sofisticadas dejan de ser llanamente eso, estafas, un delito tipificado en nuestros códigos y que merecen con digno castigo. Pero son iguales los resultados con que se enfrenta la justicia en ambos.

Los sindicados de haber incurrido en violaciones de las leyes penales logran evadir la justicia. Vaya, usted, amable lector, persona honesta, honrada, a carta cabal, a salir del país y encontrará un cúmulo de dificultades, de obstáculos para poder hacerlo, una verdadera alambrada de garantías para que no salga si no está a paz y salvo con su país en todos los órdenes. Cometa usted una leve infracción de simple tránsito y verá cómo su tranquilidad y hasta su libertad se verán seriamente comprometidas.

Pero, en cambio, ahí tenemos a algunas de las cabezas visibles de los defraudadores bancarios fugitivos de la justicia, viviendo a pierna suelta, con todas las comodidades en el extranjero sin que su salida del país, a pesar de estar cobijados por autos de detención y órdenes de captura, les haya creado el más leve inconveniente o tropiezo. Y ahí están paseándose por las calles de las ciudades, los padrinos del narcotráfico y del lavado de dólares. Nadie los molesta. Son los intocables. Y esa es una vergüenza para un país que necesita recobrar su fuerza moral perdida y que fue la que le dio en el pasado sus momentos de mayor grandeza.

Nadie pide que se cometa una injusticia contra nadie. Pero la parte sana que aún le queda como reserva a Colombia lo que no puede tolerar es que a la justicia de este país se la convierta en un rey de burlas, que es lo que están haciendo los mafiosos y los defraudadores dejando a los jueces con sus investigaciones colgando de la brocha y permitiendo que se extienda por todo el país la tenebrosa sospecha de que dentro de nuestra propia autoridad, encargada de prevenir y reprimir el delito, existe una organización capaz de garantizarle la libertad al delincuente mediante el expediente de hacerse los de la vista gorda, de los que nada ven estando viéndolo todo, para proteger con su actuación venal o cobarde a los poderosos criminales que tienen mano ancha para pagar el soborno o el dedo pronto para apretar el gatillo mortal…

¿Será posible que alguien, con seriedad, en el alto gobierno, le diga a los colombianos, sedientos y necesitados de pronta y cumplida justicia, que castigue el delito y al delincuente, por qué están libres, continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria, los Lehder, los banqueros y corredores de bolsa defraudadores, los caracterizados ejemplos de la inmoralidad campante?

Mientras la justicia siga cojeando y no llegue, como no está llegando en casos tan graves y delicados como los que conoce la opinión pública, este país difícilmente logrará recuperar su título ennoblecedor de potencia moral y jurídica.

Las órdenes de captura de los jueces que no se han cumplido ante el estupor nacional son una cruel caricatura de la degradación a que hemos llegado, precisamente porque hemos tolerado el imperio de los más deshonestos y de los más inmorales, que con su dinero y sus armas homicidas todo lo corrompen y todo lo contaminan.