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Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión  de la Organización de Estados Americanos, la violencia contra periodistas tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir información, genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus colegas, y viola el derecho de las sociedades a recibir información.

Estos ataques se pueden manifestar de diferentes maneras y no se limitan a acciones físicas, también se dan formas de violencia psicológica, administrativa, económica y judicial. Un estudio sobre violencia contra periodistas y la labor de organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión, de la investigadora Marisol Cano Busquets, tipificó múltiples modalidades de agresión a los comunicadores: acciones judiciales, denuncias falsas, amenaza, intimidación, vigilancia ilegal, acoso, detención arbitraria, asesinato, ataque, censura, confiscación o robo de información, desaparición, encarcelamiento, estigmatización, expulsión, persecución, restricción o ataque en la red, restricción de circulación, secuestro, tortura, violencia sexual.

Por eso, cabe preguntarse por qué se producen estos ataques y cuáles son las circunstancias que favorecen la violencia hacia la prensa. Diversas investigaciones académicas y análisis de organismos multilaterales dan luces para comprender -y prevenir- las causas.

El efecto de bola de nieve

Una de las circunstancias que los investigadores coinciden en señalar, es la eficacia amedrentadora de los ataques. Los agresores observan que sus acciones logran acallar a la prensa, sobre todo en poblaciones con poco acceso a medios de comunicación, lo cual hace que continúen acudiendo a estrategias hostiles, incluso disminuyendo la letalidad de sus ataques.

Un análisis de la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre la situación de este derecho en Colombia, en 2005, encontró una correlación entre la autocensura y la disminución de los casos de asesinatos y agresiones reportados porque el temor frente a las amenazas y crímenes cometidos contra colegas llevaban a la autocensura de periodistas e inclusive al cierre de medios o el abandono de la profesión.

Sin embargo, existen historias de periodistas y organizaciones que toman medidas como agruparse para continuar las investigaciones de quienes han sido silenciados; y casos como el de Jineth Bedoya, ganadora del Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco/Guillermo Cano en 2020, quien decidió seguir con su labor periodística y convertirse en activista, aún después de ser víctima de secuestro, tortura y abuso sexual.

Debilidad institucional

Un factor que está estrechamente relacionado con el anterior es el de los altos niveles de impunidad. Según la Unesco, cerca de 9 de cada 10 asesinatos de periodistas no llegan a una resolución legal.

A esto se suman sistemas judiciales frágiles, en los que el tráfico de influencias impide que avancen los procesos; las leyes ambiguas o poco claras se prestan para obstaculizar el trabajo periodístico; y la negligencia o el desconocimiento por parte de funcionarios judiciales se impone al deber de protección del Estado. Esta falta de observancia del Estado de Derecho se extiende a otros sectores del poder, a los políticos y los organismos de control que, incluso, llegan a una actitud de la complacencia o permisividad frente a los ataques a los periodistas.

Al igual que el temor infundido entre colegas, que genera un efecto de bola de nieve, las falencias judiciales mantienen abiertas múltiples ventanas para que los poderosos sientan la confianza de acudir a la violencia cuando buscan evitar el ejercicio libre del periodismo.

Así mismo, los altos índices de corrupción son otra causante del fenómeno. “En contextos con instituciones gubernamentales débiles o corruptas, aumenta la incidencia de ataques a la prensa, tal como lo revelan los documentos analizados. Cuando las fuerzas de seguridad admiten sobornos, dejan de hacer presencia activa en los territorios”, identificó Cano Busquets en su indagación.

Esta debilidad institucional para defender el derecho a la libertad de prensa se agudiza en la presencia de regímenes políticos autoritarios, pues en este tipo de situaciones políticas, el poder imperante suele tomar control sobre los contenidos informativos, lacerar la independencia de los medios e intimidar o perseguir a los periodistas que intentan revelar la verdad.

Por ejemplo, en un informe sobre asesinatos de periodistas en 2008, la Relatoría para la Libertad de Expresión resaltó que los asesinatos de varios informadores en Haití estuvieron vinculados a sus críticas al gobierno.

Contextos sociales adversos

En entornos en los que el respeto a los derechos humanos es débil, es decir, se violan derechos civiles, sociales y políticos, debido a sistemas autoritarios como los mencionados, o conflictos armados nacionales o internacionales, se presentan agresiones constantes a los periodistas.

Cuando los reporteros son enviados a cubrir guerras o conflictos armados, o los padecen dentro de sus propios territorios, con frecuencia resultan amenazados, estigmatizados -sobre todo si los actores en confrontación no comprenden que su labor consiste en contar todas las partes de una historia-, atacados o asesinados, y no necesariamente como represalia por su trabajo.

Así mismo, una fuerte causante de agresiones a la prensa es la delincuencia organizada. En el mencionado reporte de la Relatoría Especial sobre periodistas asesinados, los investigadores encontraron que, en el caso de Brasil, el asesinato de los periodistas estuvo “ligado a denuncias sobre grupos de exterminio, crimen organizado y violaciones de derechos humanos por organismos de seguridad del Estado”. Así mismo en México, donde los homicidios de produjeron en zonas con fuerte presencia de los carteles del narcotráfico.

Además, en su estudio sobre violencia contra periodistas, Cano Busquets identificó otros factores de riesgo que, si bien no se pueden considerar causantes directos, sí abonan el terreno para que el periodismo no sea ejercido de manera completamente libre: las condiciones laborales precarias o inseguras de los periodistas, entramados de relaciones de poder, prácticas periodísticas imprudentes, el uso inadecuado de las tecnologías digitales y vulneraciones a la ética periodística.

Todos estos factores pueden incrementar el nivel de riesgo cuando la comunidad civil no tiene una suficiente comprensión de la importancia del rol que cumplen los periodistas en la sociedad.

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