Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres Navas fueron asesinados en Segovia (Antioquia) el 24 de abril de 1991. / Archivo El Espectador

Treinta y cuatro años después del doble homicidio de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, periodistas de El Espectador asesinados el 24 de abril de 1991 en Segovia (Antioquia), el Estado colombiano firmó una solución amistosa con las familias de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este reconocimiento de responsabilidad es el avance más significativo en materia de justicia, porque el Estado se compromete a reparar los daños morales y materiales e inmateriales ocasionados por el crimen, y a realizar un seguimiento periódico del proceso penal.

Desde la Fundación Guillermo Cano Isaza reconocemos este avance en defensa de la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas. Cuidar y honrar la memoria permite visibilizar la violencia que ha sufrido el periodismo en Colombia y no olvidar como diversos actores han buscado silenciarlo. Pese a la demora y tardío arribo de justicia en el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, aún hace falta esclarecer quiénes fueron los responsables y sancionarlos.

(Vínculos relacionados: El Estado Colombiano reconoció su responsabilidad en el magnicidio de Guillermo Cano)

Los dos periodistas fueron asesinados mientras adelantaban la reportería de su quinta entrega de la serie “Lo que la violencia se llevó”, un compilado de crónicas sobre la guerra y las masacres en Colombia. Estaban en Segovia, donde tres años atrás ocurrió una masacre paramilitar, con complicidad del Ejército, en la que murieron 46 personas. Fue en el marco de esa investigación que los periodistas fueron fusilados por un grupo de sicarios que, al parecer, pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un compromiso con la verdad

El Estado colombiano también se comprometió a realizar una investigación más exhaustiva. Si bien en los años 90 las autoridades detuvieron a algunos miembros del ELN que eran sospechosos del crimen, nunca se logró una condena. Han sido más de tres décadas de ausencia de investigación y contradicciones entre los fiscales del caso, al punto que llegaron a concluir en 2011 que Chaparro y Torres no fueron asesinados por ser periodistas, por lo que no era un caso de lesa humanidad. Fue entonces que las familias, con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el doble homicidio no quedara en total impunidad.

En el acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado y las víctimas para evitar futuras condenas, quedó pactado que se deberán establecer mecanismos de indemnización a las víctimas y adoptar una directiva de obligatorio cumplimiento para las y los fiscales del país que investiguen los crímenes contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación y garantizar la debida diligencia en las investigaciones, la conservación de pruebas y el abordaje especializado de estos delitos.

Comparte: