Por Guillermo Cano Isaza

Editorial de El Espectador, septiembre 28 de 1983

En los últimos días han sido asesinados dos periodistas más, en Cali, Alirio Mora, y en Medellín, Nelson Anaya Barrero. Parece como que el asesino del primero ha sido ya detenido, y no se sabe nada hasta estos momentos del autor o los autores del segundo crimen. Es bien probable, si no seguro, que se trate de mercenarios a sueldo que obran por mandato ajeno sin más razón personal que la paga que reciben. Las pesquisas que se hagan con el objeto de descubrir a los autores intelectuales de esos crímenes deberán servir para establecer la relación de causalidad en los hechos. En tanto se establecen con claridad esos móviles, parece oportuno consignar el hecho que ya se va haciendo costumbre en el país de reaccionar violentamente, a mano armada, contra las informaciones y comentarios periodísticos, e individualmente contra los autores de éstos. Ni en las más aberrantes épocas de censura de prensa, o de retaliación política, se acudió al crimen para acallar a la prensa en una de sus más nobles y altas funciones democráticas. Estos dos últimos crímenes, y los anteriores conocidos, consagran la incalificable costumbre de la pena de muerte decretada y ejecutada desde los más bajos antros sociales como venganza a la labor de sanidad social en que la prensa está comprometida.

La labor de amedrentamiento y fatiga que el crimen organizado se ha impuesto contra la prensa atenta no sólo contra los medios informativos. En la medida y modo como sus amenazas y hechos prosperen, y así será si no se emprende una valerosa e irreductible campaña contra el ofensivo procedimiento, la sensación de asedio y peligro se reflejará negativamente sobre el propio sistema democrático. En los últimos tiempos, más que en cualquier otra época anterior, las denuncias de la prensa, sobre todo de la prensa escrita, han servido para devolver al país su confianza en la honradez seriamente amenazada desde diferentes sectores de la vida nacional. De no haber sido por la prensa, el desbordado y rapaz imperio de los grupos financieros comprometidos en el mal manejo de la captación de ahorros se habría prolongado silenciosamente con incalculable detrimento para la economía nacional y la paz social. Lo propio puede afirmarse de las campañas emprendidas contra la grave y amenazante concentración monopolística del capital. Y de cuantos malos manejos han sido descubiertos y denunciados en la administración pública. La vigilancia política que la prensa ejerce es un don tan sagrado del sistema democrático que nadie sería osado a ponerlo en duda.

Pero, sobre todo, en lo que hace relación con las actividades antisociales de la mafia, el narcotráfico y el contrabando, la labor cumplida por la prensa colombiana, sin excepción alguna, no sólo ha sido eficiente y oportuna, sino indispensable, y, además, valerosa. A juzgar por los acontecimientos, precisamente en el cumplimiento de esta misión se ha visto amenazada su libertad por la mano larga del crimen organizado que pretende acallarla asesinando cobardemente a los voceros del periodismo.

Si en algún ámbito de la vida social la inseguridad se presenta con aspectos de incalculable peligro es en este relacionado con el libre ejercicio del periodismo. Sabemos de sobra que las autoridades actúan con celo en la búsqueda de los criminales. Sabemos, así mismo, que su labor ha sido en ciertos casos cumplida no sólo con eficiencia, sino también con encomiable celeridad. Pero los hechos criminales se vienen repitiendo con tanta frecuencia como si se tratara de un brote epidémico, que es preciso que cuanto se ha venido realizando para combatir el crimen sea redoblado en la acción y acelerado en los procedimientos. No basta ya con descubrir y detener a los autores materiales de los crímenes. Casi siempre pobres diablos al servicio de los llamados peces gordos. La acción de la justicia debe encaminarse a descubrir esos peces gordos, a establecer su identidad y proceder en consecuencia con todo el rigor legal.