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Por Guillermo Cano Isaza

Libreta de Apuntes, 27 de julio de 1980

Con la excepción de este periódico y de dos de sus columnistas, ninguno de los otros tres diarios de Bogotá -uno liberal y otro conservador-, ni ninguno de sus comentaristas creyeron de su deber comentar las insólitas propuestas contenidas en un artículo de la “Revista del Ejército”, órgano oficial de las Fuerzas Armadas, de circulación restringida, escrito por el mayor Eduardo Arévalo Castañeda. La gravedad implícita en la sugerencia de convertir a las Fuerzas Armadas, constitucionalmente no deliberantes, en deliberantes, dotándolas de órganos de comunicación masivos escritos, televisivos y radiales, ha debido, por lo menos, despertar la inquietud de los comentaristas periodísticos, puesto que en la propuesta está explícita una amenaza para el armónico desarrollo de la democracia en Colombia y arrastra además una inquietante injerencia de las Fuerzas Armadas en campos que constitucionalmente le están vedados. Pero allá ellos, los periódicos y los periodistas liberales y conservadores, que han preferido callar, pasar por sobre ascuas frente a una cuestión que de encontrar mañana eco y concretarse en hechos, tendrán que lamentar, como habrá de lamentarlo el país.

Bajo el gobierno del doctor Alfonso López Michelsen, también con benévolo silencio de nuestros colegas, se creó el Noticiero Oficial de Televisión, que constituyó un rotundo fracaso, pero que durante los años que permaneció en la pantalla chica causó lesión enorme al propio gobierno y también daño enorme a la opinión pública. Afortunadamente murió de muerte natural sin pena ni gloria, aunque aún en muchos espacios noticiosos privados de la televisión se continúe manipulando la información con exagerada propaganda oficial y se mantenga, voluntariamente unas veces y en otras por imposición gubernamental, sepulcral silencio sobre algunos de los grandes problemas nacionales. El experimento del Noticiero Oficial de Televisión fue un riesgo que amenazó seriamente la libertad de expresión y el derecho de los colombianos de estar adecuada, imparcial y oportunamente informados.

Pero el experimento López, con su Noticiero Oficial de Televisión, no era una novedad. Ya antes, bajo la dictadura de Rojas Pinilla, la televisión del Estado no sólo exigió un espacio de unos minutos para divulgar la verdad del dictador, sino que toda la programación estaba sometida a la censura, obviamente, y a la orientación estatal exclusiva y excluyente. Pero, además, bajo esa misma dictadura se fundaron dos periódicos, uno oficial y otro oficioso, con millonarias inversiones del tesoro público en maquinarias, materias primas, burocracia periodística -antítesis del periodismo-sofisticados equipos y mano completamente ancha en gastos, además de la abierta presión económica para obtener ingresos publicitarios del sector privado, ahogando a los medios independientes que lograban subsistir a la persecución dictatorial. Todos esos ensayos se derrumbaron, también sin pena ni gloria, al derrumbarse el régimen espurio.

Todos esos recuerdos nos vienen a la memoria cuando en las páginas de una revista que se considera eminentemente profesional, pero que ya hace pinitos en el campo de la financiación económica con dineros mixtos del tesoro público y del tesoro privado, se divulga un artículo como el que comentamos, escrito ciertamente por un mando, no muy alto, que necesariamente ha debido tener el visto bueno, por el conducto regular, del director de la Revista del Ejército, un superior del articulista, y el director a su vez, debemos suponerlo, tratándose de materia tan delicada, hubo de obtener el Imprimatur de su superior, el señor ministro de la Defensa. No sabemos si el general Camacho Leyva, o el director de la Revista, o el autor del artículo, lo consultaron con el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el señor presidente de la República. Pero sea como fuere, el artículo se imprimió en la revista oficial del ejército y necesariamente ha debido tener la simpatía y el respaldo de más altos mandos, porque como es sabido en materias militares, allí no cabe la tan recursiva frase de “esta publicación no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus colaboradores”. Ni una palabra, ni un punto, ni una coma, de los que en la revista se publica, tiene una severa revisión previa para que no se pueda comprometer a las Fuerzas Armadas en aventuras intelectuales que no coincidan con el pensamiento de fondo y de forma de la jerarquía militar y de la organización de nuestro Ejército, Aviación, Armada y Policía.

Tenemos entonces, que el artículo en mención, cuyos apartes principales también sólo reprodujo El Espectador, se puede considerar, sin equivocarnos, como una bomba de sondeo en busca de reacciones a favor o en contra. Lo grave, pues, ha sido que las reacciones desfavorables fueron mínimas y el silencio aparece como elocuente apoyo. Más si se tiene en cuenta que provienen de un periódico de “oposición” calificado varias veces de brazo desarmado de la subversión. Mucho nos tememos que de mantenerse el silencio de la prensa y de los demás medios de comunicación, sea considerado por el autor del artículo y por los altos mandos medios, como una luz verde para implantar prontamente el Noticiero Oficial Militar de TV, el radioperiódico oficial militar, y el periódico o revista oficial militar de circulación abierta y masiva, todos aparentemente no deliberantes, pero que, como lo enseña sabiamente la historia, serán deliberantes en flagrante violación de la Constitución colombiana.

No enterremos, como avestruces, la cabeza para no ver los peligros que nos amenazan. Las cosas más graves contra la democracia y la libertad han comenzado, por lo general, con artículos aparentemente sin mayor trascendencia y redactados con la apariencia de seguir las más nobles intenciones y perseguir las más limpias metas… Las Fuerzas Armadas tienen pleno derecho a divulgar y explicar sus criterios dentro de las normas constitucionales que claramente las rigen. Salirse de ellas, aun con los mejores propósitos y con firmes proezas de mantenerlas alejadas de la mundanal controversia política, social y económica, abrirá necesariamente otros caminos cuya meta nada bueno puede prometer para Colombia, su democracia y su libertad.

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