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Por Guillermo Cano Isaza

El Espectador, 3 de septiembre de 1986

Dista mucho, desde el punto de vista ideológico, la posición política de la Unión Patriótica de la nuestra, que somos, hemos sido y seremos liberales independientes. Pero precisamente por ser liberales respetuosos del ejercicio de las libertades públicas y de los derechos consagrados para todos los colombianos por nuestra Carta, así como de las garantías elementales de que debe disponer el ciudadano para acceder a todo cuanto le ofrece un régimen democrático como el nuestro, condenamos la escalada de muerte que viene cumpliéndose contra los miembros y dirigentes de ese partido, justamente cuando, a diferencia de otros actores alzados en armas, comienza a demostrar que están acogidos a una tregua suscrita entre el Gobierno y su brazo armado para regresar al orden institucional que han prometido defender. La violencia, venga de donde viniere, en un proceso político como el que vive el país desde cuando nos propusimos buscar la paz, daña las posibilidades de avanzar hacia la plenitud democrática y pone en peligro la estabilidad de las instituciones, sin que pueda preverse un desenlace ulterior.

No hay colombiano que vea sin preocupación lo que está ocurriendo en nuestra patria, pues los últimos quince días de la administración Betancur y los primeros veinticinco de la actual -cosa que nadie esperaba después de los anuncios del presidente Barco en el sentido de que tomaría bajo su dirección el proceso de paz- han transcurrido bajo el signo sangriento de la violencia indiscriminada. Los autores de los hechos de muerte sucedidos en ese lapso, no se sabe por qué motivos, se han negado a esperar que el nuevo Gobierno defina cuáles serán su política y su estrategia frente a esa delicada situación de orden público que día tras día crea caos y confusión. Y el Gobierno, por su parte, no precisó, como lo había prometido su presidente, los esperados rumbos de paz que se anunciarían en Barrancabermeja, cosa que a lo mejor hubiera facilitado un alto en el camino a lo largo de esta escalada tenebrosa que asuela al país y lo sume en la incertidumbre.

Consideramos plausible la intención de destinar a un cuerpo de jueces que investigue las muertes violentas de que han sido víctimas jefes y afiliados de la Unión Patriótica, lo mismo que cualesquiera otras medidas tendientes a detener o evitar la ola violenta. Pero es indispensable, además, que haya una política clara, con derroteros concretos y líneas muy bien definidas que satisfaga los anhelos conciliadores de toda la nación. Al menos de los sectores que creen y quieren una paz de verdad para trabajar y producir en orden y libertad, porque de lo contrario el pretexto para matar, desestabilizar y anarquizar sigue vivo, y utilizado por fuerzas de diferentes mentalidades e ideas. Nada ganaríamos con mantener, de modo artificial, unos acuerdos que esperan, para producir sus frutos políticos, decisiones de Estado que no dan más espera, ya que, solos e insulares, hay un momento en que, por no tener apoyo en realizaciones económicas y sociales, se rompen por lo más delgado. El país espera esa política y de seguro la respaldará si corresponde a la gravedad y delicadeza de la situación que padecemos todos.

De otro lado, como reacción inicial, juzgamos sensatas las posiciones del Gobierno y la Unión Patriótica en el sentido de que, con la autoridad que da el ejercicio del poder, se impedirá el saboteo dirigido contra el proceso de paz, y de que, en cuanto a los agraviados con las muertes violentas, no se romperá la tregua para darles a los enemigos de la concordia la satisfacción de jugar al caos. Eso es serio y patriótico porque antes que la práctica terrorista está la suerte de Colombia, y antes que la locura sectaria está el interés de una sociedad que en su gran mayoría, como lo ha demostrado en pasadas y similares circunstancias, quiere la tranquilidad colectiva y la seguridad institucional. Por eso, confiamos en que la protesta que la Unión Patriótica programa para reclamar garantías y exigir justicia se hará en forma pacífica y serena, como corresponde al uso de un derecho que el gobierno no regatea ni interfiere.

Por las razones anteriores, hacemos al país un llamado muy sincero y franco, pero no menos angustioso, para que se depongan todos los rencores y los odios, las amarguras y los deseos de venganza, a fin de que podamos transitar seguros hacia una paz que nos resulta esquiva y que tanto necesitamos.

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