Firma del acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH

El día del periodista, el 9 de febrero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, el Estado colombiano pidió perdón por su responsabilidad en el magnicidio del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza.

Además de reconocer su responsabilidad al no haber protegido la vida del periodista, amenazada desde meses antes de su muerte, el Estado aceptó su incumplimiento en el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, admitió su falta de protección a la vida de las personas cercanas al caso y se comprometió a buscar el esclarecimiento de los hechos y tomar medidas que eviten sucesos similares.

Este acto es una de las medidas de reparación que le recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, al Estado, en un informe en el que señaló su responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. Por eso, en el evento hubo representantes de la CIDH, el Gobierno de Colombia, la familia Cano; la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, organizaciones que han acompañado y apoyado a la familia en el proceso.

La actividad incluyó la proyección de un documental sobre la vida y legado de Guillermo Cano, y la suscripción de un acuerdo para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH, que incluyen medidas de reparación material, moral, de justicia y de verdad. El documento fue firmado al final del acto, por Paula Robledo, para el momento, directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna; el director de la FLIP, Jonathan Bock; Angelita Baeyens de la Robert F. Kennedy Human Rights; y la señora Ana María Busquets, viuda de don Guillermo.

Una historia de tardanzas y tropiezos

Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986, por dos hombres contratados por la mafia narcotraficante, que le dispararon cuando salía de la sede del periódico. Este hecho infame estuvo seguido no por una investigación eficaz, sino por más hechos de violencia y crueldad: también fueron asesinados los sicarios, el abogado de la familia, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, una jueza, junto con sus tres escoltas; los gerentes administrativo y de circulación, así como un distribuidor de El Espectador en Medellín. Una jueza que acusó a los capos del cartel de Medellín, periodistas y defensores de la democracia tuvieron que tomar la senda del exilio.

Por su parte, el expediente acumuló durante décadas polvo, dudas, vacíos, hilos sueltos y pistas sin seguir. Solo 22 años después, la Fiscalía reactivó el caso. Dos hombres fueron condenados, uno como cómplice y otro como coautor del delito, mientras que otros dos fueron sindicados; esto, a pesar de que la investigación llegó a vincular a casi medio centenar de personas.

En 1997, la SIP llevó el caso a la CIDH que, en un informe de fondo del 23 de febrero de 2001, señaló la responsabilidad del Estado en la desprotección a Cano. Sin embargo, ni este ni la familia fueron notificados a tiempo, una irregularidad que aún no ha sido esclarecida. En 2018, la CIDH ofreció disculpas a la familia Cano por ese descuido y seis años después, a 37 años del magnicidio, lo hizo el Estado.

Frases destacadas

Los siguientes son algunos de los apartes más relevantes de los discursos que se pronunciaron durante el evento.

Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)

“Luchar contra la impunidad en torno a los crímenes contra periodistas no es solo reclamar la justicia que merece cualquier humano victimado. Es también para defender el derecho de todos a expresar ideas sin temor a represalias, el derecho del público a expresar su pensamiento, teniendo como herramienta a la libertad de prensa”.

“Haber otorgado justicia expedita al caso Cano pudo haber desalentado otros ataques semejantes, dentro y fuera de Colombia. Quienes miraron hacia otro lado, los policías, los fiscales, los jueces, los gobernantes en turno, incluso, los que entorpecieron el avance respectivo en el Sistema Interamericano, cargarán siempre una culpa imborrable”.

Jonathan Bock, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP

“Esa desprotección [del Estado] no solo se dio contra un individuo, contra una familia, contra una empresa periodística sino contra una sociedad colombiana que quedó huérfana. Huérfana porque perdió a un grupo de personas que dedicaba su vida a investigar, buscar, indagar y publicar el entramado de corrupción entre política y narcotráfico más impactante en la historia colombiana.”

“No debe ser ingenuo defender la idea de que es una obligación del Estado colombiano que no permita que se vuelva a repetir ninguna noche más como la del 17 de diciembre de 1986 (…) Las siete de la noche del 17 de diciembre de 1986 a ocurrido una y otra y otra vez, hasta contar 166 veces [periodistas asesinados en Colombia]”.

Fernando Cano Busquets, uno de los hijos de Guillermo Cano

“Existe un antídoto muy importante que se llama Memoria Colectiva, una entidad abstracta y no gubernamental que se encarga de hacer que ese proceso hacia el olvido se retarde un tiempo mayor, porque considera que un momento histórico o una persona determinadas, no deben ser olvidados y por el contrario, procura que su permanencia en la cotidianidad, sirva para exaltar los méritos y las enseñanzas del individuo, o para que los aciertos comunitarios se repitan y los errores cometidos no vuelvan a hacer presencia en el futuro”.

“Esperamos que este acto no sea el de clausura de un proceso, sino más bien el paso inicial para devolverles a las familias de tantos periodistas, de tantos magistrados, de tantos jueces, de tantos militares, de tantos colombianos, en fin, la merecida memoria de sus seres queridos. Seguimos soñando, como Don Guillermo Cano Isaza, en una Colombia con Mayúsculas”.

José Luis Caballero, comisionado de la CIDH para Colombia

“En su informe de admisibilidad y fondo, la Comisión Interamericana determinó que, con anterioridad a su asesinato, el señor Cano reconoció públicamente que su vida corría peligro, como resultado de su actividad, como resultado de la independencia con la que se expresaba. (…) La investigación y el juzgamiento de los responsables se extendió durante más de una década, en la que sucedieron una serie de actos de violencia que impidieron sistemáticamente el avance del proceso. ¡Una altísima impunidad!”

“Familia Cano Busquets, reciban y acepten una disculpa sincera de la Comisión Interamericana por la tramitación atípica que tuvo el caso después del informe de fondo de 2001, que no fue notificado oportunamente a las partes. (….) La Comisión lamenta que esta situación ocasionó una demora innecesaria que afectó a las víctimas en su proceso de reparación y espera que la implementación de las recomendaciones logre el efecto de resarcir, de alguna manera, este daño ocasionado a la familia, a las víctimas y que mejore la situación de riesgo para los periodistas en Colombia”.

Néstor Iván Osuna, entonces ministro de Justicia y del Derecho

​“No estamos ante un homicidio aislado, estábamos ante la deliberada decisión de una estructura criminal, muy poderosa, de borrar a El Espectador (…). Mataron a don Guillermo Cano, a los fiscales y jueces que investigaban el caso, a su abogado, obligaron a buena parte de su familia a exiliarse, pusieron luego una bomba en la sede del periódico, en un acto de crueldad infinita, le pusieron una bomba a la escultura que, en memoria de don Guillermo Cano, se había instalado en Medellín. Y, frente a todo eso, el Estado colombiano miró para otro lado. ¿Indolente, acobardado, cómplice?… una mezcla de todo lo anterior, probablemente, pero en cualquier caso inexcusable, inaceptable”.

“Creo que solo en el hecho de reconocer que la sociedad tiene mucho por cambiar es que puede tener justificación un acto de pedir perdón 37 años después. (…) Y en ese sentido, este acto solo se justifica si entendemos que es para cambiar, para reconocer que esto que hoy nos tiene aquí reunidos no se puede repetir, no se puede prolongar y que necesitamos corregir la marcha”.

Paula Robledo Silva, representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

“El Estado de Colombia lamenta profundamente el largo proceso que han soportado [la familia Cano] para llegar a este acto de reconocimiento. Con la firma de este acuerdo se busca, también, la reconciliación social, la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero, sobre todo, la no repetición de lo ocurrido”.

“El Estado de Colombia se compromete a adelantar las investigaciones y a impulsar las actuaciones en busca del esclarecimiento de lo hechos y la identificación de los presuntos responsables de este crimen. Igualmente, se obliga a adoptar medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares y a proteger y garantizar los derechos previstos en la Comisión Americana de Derechos Humanos. (…) Y dejo constancia del compromiso del Estado colombiano por rechazar cualquier atentado contra la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento”.

Recursos para conocer más

Transmisión, por parte del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación,  del acto de reconocimiento de responsabilidad.

Discurso de Fernando Cano, hijo de Guillermo Cano, en nombre de toda la familia, publicado por El Espectador.

Homenaje producido por El Espectador, con ocasión del evento, en el que sus compañeros de redacción cuentan el legado que dejó Guillermo Cano.

Podcast “Guillermo Cano contado por sus discípulos”, en el que María Jimena Duzán habla con tres invitados sobre el peso de la impunidad y el legado de Guillermo Cano, con ocasión del evento.

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